Keiber Rincón y Marielvy Aljorna se conocieron hace diez años, desde entonces emprenden juntas un proyecto de vida. Son venezolanas, ambas licenciadas en educación, son mujeres y son esposas. Cuando tenían 5 años de relación consideraron que era momento de llevar a otro nivel su compromiso, concebir un hijo y contraer matrimonio. Legítimo deseo entre personas que se quieren, ¿cierto?

Tomada la decisión se pusieron manos a la obra. Para concebir el hijo de ambas recurrieron a la reproducción asistida in vitro. Hoy el pequeño tiene 5 años, acude a la escuela y acaba de ser promovido al primer grado. Es un niño feliz que reconoce con toda naturalidad que tiene dos madres, sí dos madres, así como existen otros niños y niñas criados por sus abuelas y abuelos, tías y tíos, madres solteras, padres solteros o familias sustitutas.

Después de tener un hijo se hizo creciente el anhelo de formalizar su unión, echarse al agua era lo próximo. Deseaban poder hacerlo en Venezuela, que mayor ilusión que la de compartir con sus seres queridos ese momento tan importante en la vida de una pareja.

Percibían que los recientes cambios políticos y los vientos de transformación que se respiraban en principios del siglo XXI dentro del país harían un hecho el matrimonio igualitario. Acompañaron los procesos de militancia LGBTI que se gestaban, la entrega de firmas, las marchas, pero el tiempo transcurría y la tan anhelada conquista se postergaba.

La espera de aquello que no terminaba de consolidarse en Venezuela les llevó a buscar otras alternativas. Terminaron por recurrir a una organización LGBTI internacional que les prestó de inmediato el apoyo y asesoría para tramitar su matrimonio en Argentina, el primer país latinoamericano en legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2010.

Las redes sociales sirvieron de canal de comunicación con la Organización LGBTI de la ciudad de Rosario; después de llenar algunas planillas, cumplir con los requisitos de rutina y lograr completar el dinero del viaje, partieron el 04 de octubre de 2014. Dos días después contrajeron matrimonio ante la ley Argentina. Al fin, legalmente esposas.

Hoy mirando atrás recuerdan con emoción aquel día, los nervios de los preparativos, la felicidad de poder llevar a lo legal aquello que por años habían construido en lo privado. Pero el viaje por la garantía de derechos civiles no culminó allí, ese era apenas el comienzo de un largo trayecto pues, ¿qué pasaría al regresar a Venezuela? ¿Cómo harían para hacer valer el acta de matrimonio que viajaba con ellas en una maleta?

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“Una vez de regreso a Venezuela, nos fijamos como meta continuar la lucha para lograr que aquí se pueda formalizar [el acta de matrimonio]. En la actualidad estamos apostillando el acta de matrimonio para solicitar la validez internacional. Yo siento que con nuestro casamiento no sólo se consolidó nuestra relación de pareja, sentimos que sería nuestro granito de arena para que aquí se consolide la unión entre personas del mismo sexo”, asegura optimista Marielvy.

¿Por qué reconocer el matrimonio igualitario en Venezuela?

Para Keiber y Marielvy la legalidad ante la ley no sólo da un fuerte respaldo a la relación afectiva sino que facilita en gran medida la resolución de asuntos cotidianos. Aspectos que para una pareja heterosexual que goza de pleno derecho y reconocimiento social son sencillos, rutinarios, para una pareja homosexual o lésbica se hacen cuesta arriba. “Por ejemplo con el caso del niño, a quien asumen como representante en la escuela es a la madre biológica que es Keiber. Para yo poderlo retirar de la escuela, siendo también mi hijo, necesito tener una autorización de ella”, cuenta Marielvy aludiendo a uno de los tantos obstáculos que deben enfrentar a diario.

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Si usted lector o lectora es una persona heterosexual y aún le parece descabellado el que dos personas del mismo sexo se casen, le invito a colocarse por un momento en los zapatos del otro o en este caso de las otras.

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Marielvy quién cuenta con HCM producto de sus actividades laborales, no puede asegurar y garantizar el derecho a la debida atención médica de su hijo y esposa como debería corresponder por ley. Ellas tampoco pueden optar a políticas habitacionales familiares, peticiones de créditos bancarios en conjunto, o beneficios sociales que el Estado venezolano otorga a las familias, porque el artículo 77 de la Constitución Bolivariana de Venezuela y el artículo 44 del Código Civil de la nación reconocen únicamente el matrimonio entre “un hombre y una mujer” y esto excluye al universo de familias no binarias.

Según datos aportados en una nota de prensa por Elías Eljuri, quien era Presidente del Instituto Nacional de Estadísticas para 2011, las familias no binarias más de seis mil. Estas cifras nunca fueron publicadas, y en 2013 resultaron suprimidas de la publicación oficial del censo por consideraciones del órgano, quien las desestimó sin exponer debidamente y de manera pública las razones.

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El matrimonio como institución civil permite el acceso a derechos y garantías conyugales. Por medio del matrimonio se resguarda desde el derecho a la acumulación de bienes en pareja, la herencia de estos en caso de muerte, hasta el poder de dar autorización médica ante una decisión de vida o muerte.

Cuando no se cuenta con este derecho muchos son los riesgos que puede acarrear. Cientos de ejemplos existen en nuestro país de parejas homosexuales o lésbicas que, después de años de relación, al morir uno de lxs conyugues el o la sobreviviente no puede heredar, ni cobrar pensiones o indemnizaciones. Muchas veces la familia que se mantuvo opuesta a la relación aprovecha los vacíos legales para despojar al viudo o la viuda de todos los bienes obtenidos durante la relación o la patria potestad de las hijas e hijos.

Un ejemplo de ello es el caso de Giniveth Soto y Migdelis Miranda, una pareja de lesbianas que en diciembre de 2014 atravesó una tragedia. Al igual que Marielvys y Keiber, ellas habían contraído nupcias en 2012 en Argentina y concibieron un hijo por reproducción in vitro.

Una noche mientras Giniveth Soto taxiaba -actividad a la que se dedicaba para sostener a su familia-, fue abordada por criminales que le quitaron la vida para robarle el vehículo. A partir de allí su viuda Migdelis Miranda comenzó un vía crucis: la familia de Soto le arrebató los bienes conseguidos en el matrimonio, y amenazaron con quitarle la potestad del hijo.

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Gracias a la militancia del movimiento nacional sexo género diverso y a los buenos oficios del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en su Sala Constitucional, se actuó a favor de la protección de los derechos superiores del menor, fallando por primera vez en el país en reconocimiento de la comaternidad y el derecho del niño de llevar el apellido de sus dos mamás, antecedente histórico de nuestra legislación, pero poco difundido.

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En la actualidad Keiber Rincón y Marielvy Aljorna llevan a cabo un proceso similar frente a los tribunales venezolanos, exigiendo al Estado reconozca en el acta de nacimiento de su hijo el apellido de ambas, apegadas a la jurisprudencia de la sentencia vinculante 1187 que sentó el caso de Giniveth y Migdelis en 2016 en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Acciones legales costosas, tiempo de vida, situaciones de exclusión, discriminación y vulnerabilidad que sin duda disminuirían de contarse en el país con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo.

No es sólo un asunto de derechos civiles

Giovanni Piermattei es integrante fundador de la organización AC Venezuela Igualitaria, que desde su conformación en 2012 viene trabajando por lograr en Venezuela lo que ya es un hecho en 25 países del mundo, cinco de ellos latinoamericanos.

Él fue uno de los que en enero de 2014 encabezó la entrega de veintiún mil firmas recogidas a favor de la aprobación del matrimonio igualitario en nuestro país, en la que más de 47 organizaciones LGBTI a nivel nacional participaron, y que fueron entregadas ante la Asamblea Nacional de mayoría para entonces oficialista. Con esta entrega se solicitaba al ente legislativo comenzar el debate; cosa que no sucedió, colocando como pretexto que se esperaba por la corroboración que el Consejo Nacional Electoral debía hacer de las firmas entregadas.

Con la asunción de la Asamblea Nacional de mayoría opositora la situación no varió; esta evadió sus responsabilidades señalando no encontrar los documentos aportados por las organizaciones. Para Piermattei fue un mero pretexto, pues pudieron solicitar copia de los documentos supuestamente extraviados a las organizaciones solicitantes.

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Piermattei afirma que alcanzar el matrimonio igualitario no es un asunto solamente de derechos civiles, sino un asunto de dignidad: “así como para las personas transgéneras el cambio de nombre a través de una ley que reconozca su identidad de género auto percibida es el reconocimiento de su dignidad como personas, de su ciudadanía, ¿cómo reivindicar la dignidad de las personas lesbianas y homosexuales? ¿Cómo le dices al mundo que la orientación sexual diversa es natural? ¿Cuál es la institución o cuál es la demanda que podemos introducir como comunidad para que eso sea reivindicado? Para nosotros y nosotras, y así como ha sido para otras partes del mundo, esa institución es el matrimonio, porque es la representación de legalizar lo ya legítimo”.

Para Giovanni, al Estado no reconocer el matrimonio igualitario está enviando un mensaje errado y excluyente al imaginario colectivo, categorizando de esta manera a unos y unas como ciudadanos de primera categoría, y a otros y otras como ciudadanía de segunda. “La lucha es por el valor simbólico que tiene la institución matrimonial y el estatus de dignidad superior como familia que otorga ese contrato social”, aseguró.

¿Unión civil o matrimonio igualitario?

Dentro del seno de la militancia LGBTI venezolana se gesta el debate de si lo conveniente sería luchar por el matrimonio igualitario o por el contrario plantear la unión civil igualitaria.

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En América Latina se han dado ambos casos: Uruguay, Brasil, Colombia, Argentina y algunas ciudades de México consagran el matrimonio igualitario, mientras que en Chile y Ecuador se estableció la unión estable de hecho para relaciones entre personas del mismo sexo.

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Las dos opciones otorgan garantías conyugales plenas según la legislación de cada país; lo importante para una buena parte de la militancia venezolana es contar con la opción a la par que el resto de la ciudadanía, en igualdad de condiciones sin restricciones o limitaciones.

Ya después nos corresponderá decidir si deseamos como parejas no heterosexuales casarnos o no, establecer una unión de hecho o no, así como también replantearnos qué tipo de matrimonios o uniones queremos conformar, destruir las raíces del Estado burgués enquistadas en ellas, derrumbar las relaciones de poder provenientes de antiguas concepciones, o si finalmente como conjunto social logramos la abolición del matrimonio como institución obsoleta, pero por ahora este derecho debe ser para toda la ciudadanía o no habrá verdadero reconocimiento, y un grupo auto asumido como mayoría ostentará la supremacía frente a la mal catalogada minoría sexual.

Mientras más tiempo pase más vulnerables

La Revolución Bolivariana ha generado acciones favorables a la comunidad LGBTI, se manifiesta una voluntad aún tímida y temerosa frente al tema, pero existe la intencionalidad. El presidente Nicolás Maduro ha promovido la discusión sobre el tema en varias oportunidades: lo hizo en 2015 en el Congreso Venezolano de Mujeres donde llamó al debate por la no discriminación contra la sexo género diversidad, y lo ratificó este año frente a las delegadas y delegados al IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela donde nuevamente llamó a conformar un fuerte movimiento de la sexo diversidad.

En 18 años, la comunidad LGBTI ha recogido algunos frutos de la revolución: existe la inclusión tácita o explícita en la Carta Magna, cuando cita en su artículo 20 y 21 la prohibición de la discriminación por razones de sexo o género y la consagración del libre ejercicio de la personalidad; el llamado a un Consejo Presidencial de la Sexo Diversidad; la creación de una oficina para la Atención a la sexo diversidad en la capital del país; la inclusión de la sexo género diversidad en los espacios de organización territorial; el apoyo del PSUV a la candidatura de una diputada abiertamente transexual al consejo legislativo del estado Aragua; y el apoyo a las 18 movilizaciones que se han llevado a cabo cada día del orgullo LGBTI, son parte de la muestra.

Pero también es cierto que lo avanzado frente al resto de América Latina en el marco de gobiernos progresistas sigue siendo poco, evidenciando un titubeo del aparato estatal, no sólo frente al tema del matrimonio igualitario, sino a la urgente y necesaria implementación de políticas públicas que amparen a la comunidad LGBTI venezolana; titubeo que muchas veces tiene su raíz en creencias personales o subjetividades religiosas que se mezclan erróneamente con la práctica política.

Otro punto que suele prelar es el supuesto saldo político que acarrearía una decisión como esta, transgresora del pensamiento conservador, un mito que cae por su propio peso, pues ¿cuántas familias venezolanas cuentan con un familiar o realidad LGBTI? ¿En cuántos espacios organizativos el mismo poder popular ha legitimado a militantes sexo género diversos? ¿Se peca de subestimación del pueblo cuando se asume a priori que no está preparado?

La Asamblea Nacional Constituyente tiene una oportunidad histórica. Una reforma del artículo 77 haría la diferencia, reconociendo en vez del matrimonio entre un hombre y una mujer la unión entre personas, siguiendo el ejemplo del parlamento cubano que recientemente aprobó por unanimidad este paso adelante apostando a derrumbar la heteronorma.

“Es momento que nuestros magistrados y magistradas del TSJ asuman la tarea con seriedad y celeridad, sin pacatería, sin falsas moralidades, que se despojen de las investiduras religiosas, porque ellos y ellas no están allí para legislar en función de sus creencias personalísimas ni fundamentaciones bíblicas”, comenta Giovanni Piermattei.

El Estado está en la obligación de legislar y proteger a toda la ciudadanía desde una mirada objetiva y universal, puesto que los derechos humanos no se negocian ni se condicionan, además de que estos son interdependientes. Es imposible garantizar bienestar al conjunto social dejando de lado a homosexuales, lesbianas, transexuales, transgéneras, intersexuales, bisexuales, que también forman parte importante de ese tejido.

Aprobar el matrimonio igualitario no obligará a nadie a cambiar su orientación sexual; no arrebatará los derechos de nadie, por el contrario, según palabras del mismo Giovanni Piermattei ampliará derechos de las familias: “nuestra propuesta de reforma al código civil por ejemplo solicita además del matrimonio igualitario, el que en las actas de nacimiento de hijos e hijas se pueda elegir el orden de los apellidos y así la madre pueda optar a ser ella quien coloque su apellido primero antes que el del padre”.

Un estudio realizado por la federación LGBTI en Argentina demostró que, después de legalizado el matrimonio igualitario, la percepción social hacia las personas LGBTI mejoró notablemente, por ejemplo, se incrementó la visibilidad, repudio social y denuncia de crímenes de odio. En contraste, de seguir evadiendo la responsabilidad sobre los derechos LGBTI, de mantenerse el oscurantismo, el estado de indefensión, de vulnerabilidad, las situaciones humillantes, los tratos vejatorios, los crímenes de odio tenderán a acrecentarse.

Familias como la de Keiber y Marielvy, Giniveth y Migdelis como tantas otras seguirán marginadas. La vida de miles está en juego, ¿por cuánto tiempo más el Estado y la sociedad venezolana aplazará la cita con la igualdad? ¿Para cuándo se asumirá con verdadera voluntad política y la suficiente madurez el consolidar una Venezuela donde la diferencia no sea objeto de burla y la diversidad se asuma con respeto?

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En esta Venezuela que es de todas y todos, heterosexuales y no heterosexuales, cisgéneros y no cisgéneros, que también somos pueblo, que sostenemos con trabajo la patria, que también hacemos revolución, el momento no es otro que ahora.